Un hecho histórico que marcó profundamente al movimiento sindical bancario.

Uno de los capítulos más intensos y trascendentes de la historia del sindicalismo bancario argentino tuvo lugar entre 1958 y 1959, en un contexto marcado por la represión, las promesas incumplidas y las consecuencias del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

A comienzos de 1958, aún bajo la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, nuestro gremio inició una huelga que se extendió por tres meses. Durante ese período, cientos de bancarios fueron reprimidos y, en muchos casos, incluso movilizados militarmente y acuartelados en dependencias de las Fuerzas Armadas. El conflicto se resolvió con la llegada del nuevo presidente, Arturo Frondizi, elegido en comicios.

Producto de las negociaciones con el nuevo gobierno, se estableció por decreto un nuevo escalafón salarial para los/as trabajadores/as bancarios/as. Este contemplaba una cláusula de actualización automática en caso de que la inflación superara el 10%. No obstante, este derecho básico pronto fue ignorado por las patronales, quienes se ampararon en las exigencias del primer plan de ajuste pactado entre la Argentina y el FMI en diciembre de 1958. Según dicho plan, los aumentos salariales debían quedar supeditados a mejoras en la productividad.

La situación se tornó crítica cuando la inflación comenzó a superar los límites establecidos, sin que se reconociera el derecho adquirido a la actualización salarial. Ante la negativa patronal y la pasividad del Gobierno, desde la segunda quincena de marzo de 1959 comenzaron paros parciales en el sector.
El 3 de abril, una manifestación pacífica en las inmediaciones de Plaza de Mayo fue brutalmente reprimida. Las maniobras dilatorias del Gobierno de Frondizi —que ya había olvidado sus promesas electorales— y la intransigencia de las patronales derivaron en una convocatoria a paros para el 14 de abril. El día 15 se preveía la reanudación de tareas. No obstante, el Gobierno intentó doblegar a La Bancaria decretando feriado bancario los días 14 y 15. Además, ordenó el allanamiento y la intervención de la Asociación Bancaria.

Mediante un decreto disciplinario —impulsado por las patronales— se modificó la Ley 12.637 de estabilidad y carrera bancaria, permitiendo el despido sin necesidad de sumario previo, violando derechos adquiridos y principios básicos del sindicalismo.
Se consolidó así un “lock out” patronal y una represión ilegal, con detenciones arbitrarias y violencia policial que podría haberse resuelto simplemente cumpliendo los acuerdos firmados en 1958. La huelga se extendió hasta el 12 de junio, convirtiéndose en una de las más prolongadas y significativas de la historia gremial argentina.

El conflicto finalmente derivó en un compromiso asumido por un representante del Gobierno. Este acuerdo contemplaba:
• La libertad de todos los detenidos
• La reincorporación de los trabajadores cesantes
• El levantamiento de la intervención sobre La Bancaria y el sindicato del seguro
• La restitución de las garantías sindicales
• La normalización del Instituto de Servicios Sociales
• Compensaciones por los días de huelga descontados
• Un aumento salarial por decreto, aunque condicionado al aumento de la productividad

«Durante esos años hubo reincorporaciones parciales. Estas reparaciones, aunque limitadas, dan testimonio del compromiso del sindicalismo bancario con una causa irrenunciable: la defensa de los derechos de aquellos trabajadores que fueron despojados de su empleo. Muchos de ellos permanecen en el anonimato, pero son, junto a los de otros períodos, la MAYOR EXPRESIÓN DE LA DIGNIDAD SINDICAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES BANCARIOS. Sin ellos, nuestros derechos no serían los mismos.»
— Eduardo Berrozpe